MEMORIA HISTÓRICA
29 de mayo de 2011. Falleció la librera y modista anarquista, militante de CNT, FIJL y SIA, Rosa Laviña Carreras.
En la guerra cuidó de los niños y niñas por la guerra, fue secretaria de las Juventudes Libertarias y se preparó para ser enfermera.
MADRID
ACTUALIZADO:La línea que separa el franquismo de la transición es difusa, aunque la conexión entre el régimen jurídico franquista y la Constitución de 1978 resulta evidente. No hubo una ruptura entre la dictadura y la democracia, de la misma manera que la Carta Magna fue fruto de una reforma constitucional dentro del régimen franquista, "el último peldaño de un orden jurídico que tenía sus orígenes en un golpe de Estado", escriben Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga en La carta robada (Anagrama).
"Hay quienes se sienten incómodos si se recuerda en voz alta este proceso histórico. Sin embargo, en nuestro libro no se emite ni un solo juicio de valor, sino que se cuentan unos hechos que tuvieron lugar y que, callados siempre, están a la vista de quien quiera verlos", explica Navarro, novelista y poeta que firma un breve ensayo junto a Pérez Zúñiga, profesor de Derecho en la Universidad de Granada, donde analizan las leyes que facilitaron la transición entre 1969 y 1978
Paradójicamente, "los mismos que consideran la reforma como un ejemplo de buen hacer se molestan si se disecciona en qué consistió esta transformación modélica de un régimen dictatorial en una democracia", añade el autor de Accidentes íntimos, Premio Herralde de Novela en 1990. "Han pasado muchos años desde enero de 1977 [fecha de su promulgación y entrada en vigor] y es como si los pasos que condujeron a la reforma fueran uno de esos secretos de familia que es de mal gusto recordar".
Ellos, sin embargo, se han propuesto en La carta robada. El caso del posfranquismo democrático rastrear las maniobras del régimen para "dejarlo todo atado y bien atado". Entre ellas, cuando Franco se amparó en la Ley de Sucesión de 1947 y en la Ley de 22 de julio de 1969 para designar como sucesor en la Jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón, cuya proclamación como rey por las Cortes franquistas tendría lugar en 1975, dos días después de la muerte del dictador.
Juan Carlos I nombró presidente a Adolfo Suárez en 1976 y durante su Gobierno se aprobaría la Ley para la Reforma Política, luego sometida a referéndum, como Octava Ley Fundamental del Estado. Esta legitimó las elecciones generales de 1977, las nuevas Cortes y la Constitución —ratificada en referéndum por los españoles en 1978—, cuya disposición derogatoria aboliría la propia Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales franquistas.
"Sin embargo, esa disposición no supone una ruptura con el ordenamiento jurídico anterior, en tanto que es ese ordenamiento jurídico el que la hace posible. La necesaria derogación de las Leyes Fundamentales que precedieron a la Constitución de 1978 suponía al mismo tiempo afirmarlas, reconocerlas: la nueva Constitución las deroga porque esas leyes le otorgan la potestad para derogarlas", escriben los autores.
"Un as de bastos entró en una chistera y salió convertido en un rey de corazones", añaden en La carta robada. Es decir, "el jefe del Estado de una dictadura que tiene su origen en un golpe militar inicia un proceso legislativo del que sale transformado en monarca constitucional de una democracia". Justo Navarro explica a Público que, a su juicio, la "reforma / transición" fue la culminación de la restauración de la monarquía que el franquismo había iniciado con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947.
"El ordenamiento jurídico del franquismo sirvió para liquidar el franquismo y, al mismo tiempo, para legitimar la nueva monarquía constitucional", razonan en el libro. "El proceso en su totalidad afirmó las Leyes Fundamentales franquistas —en cuanto base legitimadora de la reforma que culminó en la Constitución— para negarlas, contradiciéndolas en su esencia". Es decir, "se liquidó el franquismo respetando la legalidad franquista".
Quizás sea esta circunstancia, reflexiona Navarro, la que "alimenta en los partidos conservadores la sensación permanente de que, si gobiernan otros, les ha sido usurpada la autoridad que por tradición e historia les corresponde". Además, al contrario que en países como Alemania, Italia o Francia, el aparato franquista no fue depurado. El novelista granadino apunta que el acuerdo entre los herederos de la dictadura y la oposición democrática no se firmó "entre dos partes iguales".
"El franquismo contaba con el aparato militar y policial, un peso muy superior al que tenían los demócratas, que esencialmente era moral, aparte de la coyuntura internacional y de la resistencia que ofrecían en ese momento las movilizaciones obreras. Y, al fin y al cabo, los demócratas formaban parte del antifascismo que había resultado vencedor en la Segunda Guerra Mundial", prosigue Navarro, quien opina que, "a pesar de lo que algunos quieren creer, el antifranquismo era minoritario en 1977".
¿Por qué aceptó entonces el franquismo este proceso? "Lo que más pesó fue la situación política internacional", cree Navarro. "En 1974 había caído en Grecia la dictadura de los coroneles, que supuso también la caída de la monarquía. Sirvió de ejemplo para España. También en 1974 cayó la dictadura en Portugal. La plena integración en la nueva coyuntura económica, hacia el liberalismo extremo de los años ochenta, con Thatcher y Reagan, exigía la homologación con las democracias. Ya no bastaba la fuerza para legitimar el orden político y económico".
Cuando el príncipe Juan Carlos aceptó ser el sucesor en la Jefatura del Estado, en 1969 juró lealtad a Franco y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional. Luego pronunció un discurso en el que no ahorró elogios al "hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido, y siga siendo por muchos años [en ese momento tenía 77 y fallecería a los 82], el rector de nuestra política". Sin olvidarse, claro, del golpe que condujo a la guerra civil: "Recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936".
¿Cómo tendría que haber sido la transición? "Creo que sólo podía ser como fue, y que fue la menos mala de las salidas, quizá porque era la única posible, dado el peso dispar de las partes —franquistas reformistas y oposición democrática— que pactaron la reforma", concluye Justo Navarro. "Hay que tener en cuenta que hubo sectores de la oposición democrática que no sólo quedaron fuera del proceso, sino que siguieron siendo reprimidos por las fuerzas coercitivas heredadas del franquismo".
MADRID
ACTUALIZADO:Eran los Diez de Carabanchel. Como los Cuatro de Guildford, como los Siete de Maguire. Al sumar todas las condenas, salían 162 años de cárcel. Sonaba más a un consejo de guerra que a un juicio con garantías. El franquismo quiso dar un golpe al movimiento obrero y sindical y terminó señalado en todo el mundo.
La década de los setenta comenzó agitada en España. En 1970 se contabilizaron un total de 1.595 huelgas, cuando solo cuatro años atrás la cifra anual fue de 179. Esta agitación también se trasladó al antifranquismo, que comenzaba a presentar batalla a través de la militancia más joven. Ese fue el caldo de cultivo para el ya histórico Proceso 1001. El franquismo quiso, sin éxito, sentar un precedente contra el movimiento obrero.
El 24 de junio de 1972, la Coordinadora General de Comisiones Obreras fue detenida durante una reunión en una residencia de los frailes Oblatos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El objetivo de la convocatoria era aprobar un documento llamado Sobre la unidad del movimiento obrero de masas, un extenso escrito enfocado a definir las líneas del sindicato, sus afinidades y sus líneas de trabajo.
Pero la Brigada Político Social, con Saturnino Yagüe al mando, irrumpió en la reunión y las personas al mando de CCOO fueron detenidas. Dicen que Marcelino Camacho ya estaba acostumbrado a estos arrestos y acompañó con calma a las autoridades. También dicen que Paco el Cura —así le llamaban— se revolvió un poco más y terminó con la cara ensangrentada.
Sus nombres eran Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Francisco García, Nicolás Sartorius, Juan Muñiz, Fernando Soto, Francisco Acosta, Luis Fernández, Miguel Zamora y Pedro Santisteban. Una exposición en la Biblioteca Nacional de España (BNE) recoge en una de sus salas el proceso, los movimientos de solidaridad que se organizaron por todo el mundo y la defensa de sus casos.
Carme Molinero, comisaria de la exposición y catedrática en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, analiza las características únicas de esta historia: "El Proceso 1001 es un símbolo. Fue capaz de generar campañas de solidaridad extraordinarias. La más grande durante el franquismo. Hubo movimientos de apoyo hasta en Australia, los migrantes españoles fueron clave. Se puso de relieve que diez dirigentes de un movimiento sindical fueron condenados por actividades legales en cualquier país de nuestro entorno. La solidaridad cargó de legimitidad a un movimiento obrero en expansion dentro de España e hizo disminuir la legitimidad exterior del régimen
Los trabajadores de todo el mundo y sus organizaciones quisieron apoyar la causa, principalmente antes del juicio. El sindicalismo italiano empatizó con los presos, así como incluso formaciones políticas como Democracia Cristiana. La ola llegó hasta EEUU y figuras como Angela Davis y Noam Chomsky quisieron mostrar su apoyo a los sindicalistas. "La campaña de solidaridad con los Diez de Carabanchel duró hasta que todos los detenidos estuvieron en libertad. Se crearon hasta comités de solidaridad", recuerda Mayka Muñoz Ruiz, de la Fundación 1º de Mayo.
Tras dos años de juicio, el 27 de diciembre de 1973 fueron condenados con penas que iban desde los doce años hasta los 20. Se les acusó, sin pruebas, de buscar "la mutación por la fuerza de la vigente estructura estatal" y de promover métodos violentos. Esta vez, el franquismo se topó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada en 1948, donde se reconocía la libertad de reunión. Naciones Unidas, en 1966, ya había reconocido el derecho de toda persona a sindicarse. Las filias de CCOO con el Partido Comunista bastaron para que la Justicia franquista fuera aplastante contra los sindicalistas.
El lugar donde todos fueron a parar durante el juicio fue la cárcel de Carabanchel, de ahí el sobrenombre con el que se les conocía. La detención fue en junio de 1972 y la vista oral fue en diciembre de 1973. Fue entonces cuando el Tribunal de Orden Público dictó sentencia y los Diez de Carabanchel fueron condenados. Los testigos de la época aseguran que las penas no iban a ser tan contundentes, pero el asesinato de Carrero Blanco, que se produjo durante el inicio de la vista oral, condicionó la sentencia impuesta por el juez, José Francisco Mateu Cánoves, exintegrante de la División Azul y parte del Tribunal de Orden Público desde su creación. Unos años después, en 1978, murió a manos de ETA.
Con los sindicalistas encarcelados, la defensa de los hombres —donde figuraba Cristina Almeida o Jaime Sartorius entre otros— logró elevar la causa al Tribunal Supremo, que rebajó considerablemente las penas de algunos de los presos, medida que bastó para que Acosta, Santiesteban, Zamora y Fernández salieran de prisión. Los otros seis quedaron presos hasta la Ley de Amnistía de 1977, impulsada durante la Transición. "Fueron personas que destacan la figura del sujeto anónimo. Son importantes no tanto por su singularidad, sino por lo que representaban. Eran la nueva generación de obreros", asegura Carme Molinero.
Hay quienes se comieron seis años de prisión por reunirse y pensar mejoras para las condiciones de los trabajadores. La solidaridad tuvo su impacto, pero el franquismo supo dañar a estos hombres. El 1 de enero de 1974, recién juzgados, los Diez de Carabanchel escribieron una carta conjunta que llamaba a luchar contra la dictadura de Francisco Franco. "Los gobernantes franquistas se equivocan si piensan que podrán atemorizar a los que luchamos por nuestros derechos", juraba la misiva. Comenzaba 1974 y, como un augurio, esta decena de sindicalistas vio venir que ese año sería en el que los trabajadores saldrían a la calle con la mayor de las fuerzas. 2.300 manifestaciones por toda España, 700.000 personas implicadas, 14 millones de horas en huelga. La juventud española tenía planes y la dictadura no entraba en ellos.
