La catástrofe previsible de la presa de Vega de Tera.
No sólo de fusilar
vivía el franquismo. La presa de Vega de Tera, pantano en el río Tera, en la comarca de Sanabria,
Zamora, inaugurado por el general en
1956, se había construido de mala manera. Cualquiera de los 1.300 trabajadores empleados en condiciones
infrahumanas, más propias del
esclavismo, podía verlo y decirlo, por lo bajini.
A la compañía
Hidroeléctrica Moncabril, que sufragaba las obras porque iba a explotar la central, se la traía al
pairo la calidad de los materiales. El
presupuesto era poca cosa y eso reducía los beneficios a repartir. Un país que se construye sobre
podredumbre y carcoma amenaza
permanentemente con ruina moral y aquí llevamos aluminosis en las costuras.
A los dos años y poco de su inauguración, la madrugada del 9
de enero de 1959, ahora hace 60 años, las lluvias y las bajas temperaturas de
-18º C, acaban reventando la presa, que
lleva dos años con vistosas filtraciones por
varios puntos.
Unos ocho millones de
metros cúbicos de agua bajan en tromba por un desnivel de 400 metros que lleva al pueblo de
Ribadelago. Los vecinos supervivientes
aún recuerdan hoy aquel estruendo en la oscuridad. Una ola de diez metros de altura arrasa el pueblo
y se lleva con ella las vidas de 144 de
los 516 habitantes de Ribadelago. Sólo se recuperarán 28 cadáveres.
Ejército y Guardia
Civil hacen lo que pueden. El Régimen está básicamente preocupado en controlar la información y la
ayuda económica recogida en diversas
campañas de solidaridad estatal e internacional. Buena parte de esa ayuda solidaria se pierde por el camino.
Las indemnizaciones
fijadas son unas 90 mil pesetas por muerto, 60 mil pesetas por muerta y 25 mil pesetas en caso
de niños y bebés. La mayoría de muertos
son mujeres y niños, porque muchos hombres trabajaban y pernoctaban fuera. Gran parte de las
indemnizaciones no se acaban pagando
porque sus destinatarios, familias rotas, han ido a vivir a otros lugares.
Los muertos se los
cargaron a un encargado de obra. A algunos de los máximos responsables de la chapuza, el
director gerente, dos ingenieros y un
perito de Hidroeléctrica Moncabril, empresa luego absorbida por Unión Fenosa, les cayó un año de cárcel. Nunca
la pisaron, recurrieron y el general les
indultó.
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