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jueves, 27 de noviembre de 2025

La catástrofe previsible de la presa de Vega de Tera.

La catástrofe previsible de la presa de Vega de Tera.

 

No  sólo de fusilar vivía el franquismo. La presa de Vega de Tera, pantano  en el río Tera, en la comarca de Sanabria, Zamora, inaugurado por el  general en 1956, se había construido de mala manera. Cualquiera de los  1.300 trabajadores empleados en condiciones infrahumanas, más propias  del esclavismo, podía verlo y decirlo, por lo bajini.

 

A  la compañía Hidroeléctrica Moncabril, que sufragaba las obras porque  iba a explotar la central, se la traía al pairo la calidad de los  materiales. El presupuesto era poca cosa y eso reducía los beneficios a  repartir. Un país que se construye sobre podredumbre y carcoma amenaza  permanentemente con ruina moral y aquí llevamos aluminosis en las  costuras.

 

A los dos años y poco de su inauguración, la madrugada del 9 de enero de 1959, ahora hace 60 años, las lluvias y las bajas temperaturas de -18º C, acaban  reventando la presa, que lleva dos años con vistosas filtraciones por  varios puntos.

 

Unos  ocho millones de metros cúbicos de agua bajan en tromba por un desnivel  de 400 metros que lleva al pueblo de Ribadelago. Los vecinos  supervivientes aún recuerdan hoy aquel estruendo en la oscuridad. Una  ola de diez metros de altura arrasa el pueblo y se lleva con ella las  vidas de 144 de los 516 habitantes de Ribadelago. Sólo se recuperarán 28  cadáveres.

 

Ejército  y Guardia Civil hacen lo que pueden. El Régimen está básicamente  preocupado en controlar la información y la ayuda económica recogida en  diversas campañas de solidaridad estatal e internacional. Buena parte de  esa ayuda solidaria se pierde por el camino.

 

Las  indemnizaciones fijadas son unas 90 mil pesetas por muerto, 60 mil  pesetas por muerta y 25 mil pesetas en caso de niños y bebés. La mayoría  de muertos son mujeres y niños, porque muchos hombres trabajaban y  pernoctaban fuera. Gran parte de las indemnizaciones no se acaban  pagando porque sus destinatarios, familias rotas, han ido a vivir a  otros lugares.

 

Los  muertos se los cargaron a un encargado de obra. A algunos de los  máximos responsables de la chapuza, el director gerente, dos ingenieros y  un perito de Hidroeléctrica Moncabril, empresa luego absorbida por  Unión Fenosa, les cayó un año de cárcel. Nunca la pisaron, recurrieron y  el general les indultó.

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